Os recordamos que el pasado 1 de diciembre finalizó el último plazo de adaptación de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, publicada el 20 de febrero de 2023, que obliga a la implementación de un canal de denuncias anónimo denominado formalmente sistema interno de información para las empresas con más de 50 y menos de 250 trabajadores en plantilla.

Según la referida norma, dichos canales de denuncias deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran las garantías de confidencialidad o las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. Además, requiere de la designación de un responsable de su correcto funcionamiento.

Los obligados que no hayan puesto en marcha este canal de denuncias se enfrentarán a multas de hasta un millón de euros en los casos calificados como muy graves, hasta seiscientos mil euros en los casos graves y hasta cien mil euros en los casos leves.

Además, podrán imponerse otro tipo de sanciones como prohibiciones de obtener subvenciones y otros beneficios fiscales o la prohibición de contratar con el sector público.

Desde PALACÍN, HERNÁNDEZ & CRESPO Abogados quedamos a su disposición para resolverle cualquier duda o aclaración.